FATCA significa Acto para el Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, de acuerdo a sus siglas en inglés. Se trata de una legislación estadounidense aprobada en marzo de 2010, cuya intención es prevenir que los contribuyentes estadounidenses evadan impuestos utilizando cuentas financieras fuera de los Estados Unidos.
En la República Dominicana, esta legislación entró en vigor el 1 de julio de 2014 para personas físicas y a partir del 1 de enero de 2015 para empresas (personas jurídicas).
Sí, actualmente FATCA está vigente en más de 80 países, entre ellos, Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, México, Panamá, Islas Caimán o incluso Suiza.
Estados Unidos y la República Dominicana se encuentran en estos momentos en un proceso de negociación de un acuerdo intergubernamental, que sirva de base para regular las condiciones aplicables de esta legislación estadounidense en territorio nacional. No obstante, el sistema financiero dominicano inició con la adaptación de sus procesos internos para garantizar progresivamente el cumplimiento de esta norma a partir del 1 de julio del 2014.
FATCA exige a todas las empresas financieras dominicanas, incluido el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA (BANFONDESA), debe asumir las siguientes responsabilidades:
BANFONDESA pueden contactarle para solicitarle información adicional que permita documentar su estatus frente a la ley FATCA. Es posible que esto implique además la firma de documentos adicionales que permitan certificar su estatus como estadounidense o como extranjero para la ley. Como cliente, usted debe autorizar a BANFONDESA a reportar dicha información a las autoridades estadounidenses.
En caso de que algún cliente evite la colaboración con las autoridades estadounidenses a la hora de ofrecer la información requerida, FATCA ha previsto que este pueda ser objeto de retenciones del 30% de sus fondos provenientes de fuentes estadounidenses, así como del posible cierre de sus cuentas y productos.
Las instituciones financieras que no colaboren en la aplicación de FATCA se enfrentan a posibles sanciones del 30% de los fondos que reciben de fuentes estadounidenses, así como al cierre de sus cuentas con bancos corresponsales norteamericanos, lo que dificultaría la realización de transacciones internacionales.